Espiando la Solidaridad

¡Ringgggggggg! Sonó el teléfono.

De un brinco, Sara se levantó de su asiento frente al ordenador.  ¿Quién será?  - pensó mientras se dirigía al salón a contestar la llamada. Nunca le había gustado el teléfono, tan frío, tan inoportuno, tan agresivo, tan insistente… Definitivamente prefería las conversaciones cara a cara.

-          ¿Dígame? – contestó, al tiempo que notaba que el número del display localizador era extraño  e irreconocible para ella.

-          ¡Hola loquita! ¿Cómo te va? Hablas con Laura

-          ¡Hola Laura, que sorpresa! ¿Cómo te encuentras?

En breve espacio de tiempo se sucedieron las preguntas y saludos frecuentes entre dos amigas que hace tiempo no se ven, a la vez que surgía en Sara el presentimiento de que algo no andaba bien. Ese no era el medio habitual de comunicación, ¿qué estaba pasando?

-          Escúchame Sara – dijo Laura bajando la voz- teníamos pensado presentar el informe el miércoles próximo pero se ha pospuesto. No sabemos cómo, pero inteligencia militar se ha enterado y ha preparado “algo” para tratar de neutralizar sus efectos. No sabemos qué pretendan, si desacreditarnos, preparar un montaje judicial o ¡quién sabe si algo peor!

Loquita, ¿Contamos con ustedes?

-          Te escucho Laura, cuéntame.

Esta conversación, que bien podría pertenecer a un libro de espías, se podría haber dado entre miembros de una ONG colombiana y otra europea a lo largo de los últimos años.

Desde hace mucho tiempo las organizaciones que trabajamos por la protección y promoción de los derechos humanos en Colombia veníamos denunciando la situación grave que viven los defensores/as de Derechos Humanos en ese país: hostigamientos, seguimientos, escuchas, asesinatos… Igualmente sabíamos – o podríamos decir que sospechábamos - que a nosotros/nosotras también se nos vigilaba. Cierto es que no teníamos pruebas para demostrarlo pero todos/todas lo sabíamos.

Estas sospechas han sido confirmadas cuando ha saltado en Colombia el escándalo que se conoce como de las “Chuzadas” (escuchas). Gracias a este escándalo hemos sabido que existía el denominado G3 del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que no era más que un grupo encargado de desarrollar labores de inteligencia ilegales dentro de lo que ellos llamaban “guerra preventiva”, dejando claro desde el propio nombre la ilegalidad del hecho.

Este grupo tuvo su extensión en la denominada Operación Europa que buscó contrarrestar la información que las ONG trasmitíamos sobre las violaciones de Derechos Humanos en los países así como la responsabilidad estatal. Para ello se creó una red de inteligencia en Europa que sistemáticamente controló todas las acciones de Solidaridad desarrolladas con Colombia.

Para hacerse una idea de lo que esta operación ha supuesto,  basta leer textualmente  la documentación del DAS:

Objetivo: neutralizar influencia en el sistema jurídico europeo, en la Comisión de DDHH del Parlamento Europeo, en la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH, gobiernos nacionales.

Acción: comunicados y denuncias, guerra jurídica, páginas web.

Según testificó uno de sus responsables, Jaime Fernando Ovalle Olaz, “el modelo de investigación sobre los objetivos planteados y la ejecución de tareas de interceptación permitía prevenir al Gobierno Nacional sobre las maniobras ejecutadas por las ONG”, convirtiéndose en objetivos cuando “buscaban ante los tribunales nacionales e internacionales que se condenara al Estado por supuestas violaciones a derechos humanos”.

De esta manera, mientras en Colombia eran fotografiados, seguidos, interceptadas las comunicaciones y realizados montajes judiciales contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, de la OEA, del relator de NNUU, opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, sindicalistas, etc; en Europa ha sido habitual encontrarse en actos de sensibilización sobre la situación colombiana a personas realizando fotografías a los/las ponentes y los asistentes a los actos, sospechando cuál es el destino final de esas fotografías cuando tras tomarlas se escuchaban frases del tipo “esto lo tienen que saber en Bogotá”.

En este tiempo, en el que los bulos estratégicamente vencen a las pruebas, tampoco ha sido extraña la calumnia. En Colombia se difama a los/las defensores/as de derechos humanos presentándolos/as como miembros de los grupos insurgentes, mientras que aquí a muchas de las organizaciones se nos ha catalogado de extremistas e incluso, de pertenecer a “entornos terroristas”.

Hasta tal punto ha funcionado la estrategia de criminalización de la defensa de los Derechos Humanos en Colombia que sus tentáculos han alcanzado en España  instituciones y personas de todos los ámbitos.

En cierta ocasión, al realizar una visita institucional junto con un líder campesino para dar a conocer la criminalización que sufría su compromiso social, el representante de la institución nos preguntó directamente y sin que tuviera mayor relación con la conversación, si tenía contactos con las FARC. Como es obvio la misma pregunta entraña la convicción de dicha relación resultando intrascendente la respuesta.

De la misma manera, al acudir a una entrevista radiofónica con otro líder campesino, al saludar al locutor este le pidió que le mostrara la palma de la mano para comprobar si tenía cayos o no y de esta manera cerciorarse si de verdad era un campesino o estaba mintiendo.

Hoy nos explicamos que todo esto que nos ha tocado sufrir ha sido el resultado de la labor silenciosa y amplia de difamación de este grupo G3 y su operación Europa. Operación perfectamente orquestada y que dio sus frutos arrinconando a las organizaciones tanto en el ámbito de la Solidaridad como en el institucional. Calando el mensaje de tal manera que ha llegado a hacer asfixiante el trabajo de Derechos Humanos con Colombia y que ha supuesto el desmonte de parte de la Solidaridad Europea ganada con años de esfuerzo y sacrificios.

El daño está hecho y todavía se siente, y aunque  finalmente ha quedado demostrado que en nuestro propio país se realizaron seguimientos e interceptaciones de comunicaciones, falta por conocer mucho más: en qué fechas operó el G3 en Europa, cómo se pudo llevar a cabo todo este entramado sin que las autoridades españolas y europeas detectaran lo que estaba pasando, quién era el responsable de esta operación, quienes conformaban el G3 en Colombia y en Europa, quién ordenó la operación, etc, etc, etc.

Y, por supuesto, faltan por depurar responsabilidades.

Recientemente La exdirectora del DAS Mª Pilar Hurtado pidió asilo en Panamá –según dice ella por sugerencia de Álvaro Uribe. Cerrándose con ello una de las puertas para conocer la verdad sobre el caso de las “chuzadas”.

Pero otro hecho de excepcional importancia se ha producido. El 29 de noviembre de 2010, cuarenta personas entre periodistas, congresistas, ex congresistas, un ex magistrado, miembros de organizaciones de derechos humanos, diferentes profesionales y un partido político, interpusieron una denuncia penal por crímenes contra la humanidad contra el ex Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

En dicha denuncia se fundamenta que "durante el ejercicio de su cargo y destinando recursos de naturaleza pública, dirigió en su calidad de máximo jefe jerárquico y funcional del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, una masiva y sistemática campaña de persecución por motivos políticos que incluyó la comisión de delitos y la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia ilegales y que estuvo dirigida a "neutralizar" a una amplia gama de ciudadanos y ciudadanas que desde diferentes ámbitos del Alto Gobierno eran considerados "enemigos de la seguridad democrática", hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad".

El caso sigue abierto en Colombia y estamos seguros que todavía nos queda mucho por saber. El tiempo dirá si conoceremos toda la Verdad o si pasará a engrosar la larga lista de casos impunes sobre violaciones de derechos humanos en Colombia.