2010
26 de Diciembre de 2010
Comunicado a la opinión pública nacional e internacional.
El Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos: Coliche se congratula por la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por considerar que puede ser una herramienta válida para superar los altos índices de impunidad en este infame crimen.
Anhelamos que este nuevo paso sirva para que los familiares de las víctimas puedan avanzar en la consecución de la Verdad, Justicia y Reparación.
Recordamos que en el Artículo 2 de dicha convención dice:
“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. “
Y en el Artículo 5
La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable.
Conscientes de que el delito de desaparición forzada continúa siendo utilizado en muchos países del mundo[i] sin castigo alguno para sus perpetradores:
Instamos a los Estados que ya han ratificado esta Convención a una adecuación rápida - si fuera necesario - del ordenamiento interno del país con el fin de que cumplan plenamente las obligaciones adquiridas;
Y urgimos a aquellos que todavía no lo han hecho para que lo hagan a la mayor brevedad posible en la búsqueda de poner fin al dolor y sufrimiento causados por tan brutal crimen.
Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos: Coliche
Logroño, 26 de Diciembre de 2010
[1] Baste como ejemplo el caso colombiano, en el que tan solo la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz a 1 de diciembre de 2010 lleva documentados 34.467 casos. (http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Index.htm)
15 de Marzo de 2010
La "objetividad" de Miguel Ángel Moratinos
Es obvio que esta afirmación, al introducir el término "objetivo" pretende eliminar toda posibilidad de discrepancia, tachando de subjetivo - y por lo tanto no merecedor de credibilidad - toda opinión contraria.
De esta forma tan diplomática el señor Moratinos descalifica a quienes pensamos que el modelo de "seguridad democrática" implantado por el régimen del presidente Álvaro Uribe Vélez en Colombia, dista mucho de ser un conjunto de "luces y sombras" tal y como expresó el señor ministro.
Ciertamente se nos hace imposible ver la democracia, la seguridad y por lo tanto la luz, en este oscuro periodo de la historia colombiana.
Haciendo un breve repaso podemos recordar la forma de elección del segundo mandato presidencial, conseguido a través de la prevaricación. Podemos continuar hablando de los más de 93 congresistas acusados de parapolítica (más de la tercera parte del Congreso), todos de partidos que apoyan al presidente Uribe. Y para finalizar mencionar el acoso que el presidente Uribe y su Gobierno han llevado a cabo contra la Corte Suprema de Justicia.
Según el informe del año 2009 del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estos acosos "pudieron haber socavado la independencia de la rama judicial".
Hasta aquí el concepto de Democracia que defiende el Gobierno de España.
Seguridad: Atendiendo siempre al informe antes mencionado "miembros de la Fuerza Pública continuaron utilizando las facultades de inteligencia del Estado para desarrollar operaciones ilegales y clandestinas en contra de sectores sociales y políticos críticos del Gobierno".
Estas actuaciones de lo que en Colombia se denomina inteligencia preventiva llevaron a someter a vigilancia a miembros de la Corte Suprema, a un Relator Especial de Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta a la propia oficina de Naciones Unidas en Colombia. Respecto a esto, el informe dice "Estas acciones, en muchos casos, tenían como objetivo neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas, a quienes se consideraba "blancos legítimos" por ser potenciales opositoras de las políticas gubernamentales".
Esta política de estado ha llevado a criminalizar a sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, etc.
Otro aspecto importante de la seguridad de este gobierno han sido las ejecuciones extrajudiciales.
Presionados por la necesidad de presentar resultados positivos de la Seguridad Democrática el ejército colombiano asesinaba a civiles. Hasta ahora la Fiscalía había asumido al menos "la investigación de 1.273 casos, con un total de 2.077 víctimas (?) en 29 departamentos. Estas cifras confirman que las presuntas ejecuciones no eran hechos aislados"
Si a esto unimos:
- el continuo aumento de desplazados por el conflicto (más de 4 millones de colombianos/as);
- las cifras "incompletas y segmentadas" de violencia sexual que se disparan en los últimos años;
- los 10.545 casos de tortura investigados en la Fiscalía (pese a que "Colombia sigue sin contar con una fuente confiable de cifras oficiales (?) Los datos existentes no parecen reflejar ni la magnitud del problema ni su real impacto");
- las más de 15.000 desapariciones forzadas, casi todas en la impunidad, con que cuenta Colombia (olvidando el subregistro);
- etc, etc,
...nos daremos cuenta del concepto de seguridad propugnado por nuestro ministro de Asuntos Exteriores.
Ni tan siquiera las cifras ofrecidas por el Gobierno Colombiano en su lucha contrainsurgente son ciertas. Si se suman las cifras dadas por el gobierno Uribe de guerrilleros dados de baja, desmovilizados y capturados, podremos darnos cuenta que nunca los movimientos insurgentes colombianos tuvieron tantos/as seguidores/as entre sus filas.
No, señor Moratinos. Usted no tiene información objetiva. Usted sólo tiene información de un gobierno al que ayuda a blanquear sus alarmantes cifras de violaciones de Derechos Humanos y del que se hace cómplice con su política de tolerancia, apoyo y voluntaria ceguera.
Colectivo de Solidaridad por la
Justicia y Dignidad de los Pueblos (COLICHE)
Justicia y Dignidad de los Pueblos (COLICHE)
Febrero de 2010
Artículo publicado en la revista del STE
2009
6 de Marzo de 2009
Conmemoración del día de las Víctimas de Crímenes de Estado
Dedicado a las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "Falsos Psotivos"
Mayo de 2009
“El Mapamundi de España o La contracción del Universo”
Tal vez el título sorprenda tanto a Geógrafos e Historiadores como a Físicos y Matemáticos pero así es. Ambas cosas, que vienen a ser lo mismo, ocurrieron el pasado día 19 de Mayo por obra y gracia de los señores diputados del parlamento español.
En esa “memorable” fecha, decidieron acabar con las esperanzas de una buena parte de la humanidad al asegurar que la “Justicia Universal” sólo es aplicable en la Audiencia Nacional para los casos en que estén involucrados españoles o existan nexos con nuestro país.
Es decir, la población mundial, para los señores diputados, se reduce a la española, algo más de 46 millones. Y es que parece un chiste: el del Mapamundi de España. Además la Justicia Universal también se aplicará si los imputados están en nuestro país: contracción del Universo que pasa de infinito a 504.645 km² que es la superficie de España.
La cosa tendría su gracia si no fuera por las graves implicaciones jurídicas y humanas del hecho.
Todos sabemos que una acción viene acompañada de una reacción, y aplicamos este principio en nuestras aulas, bien para aplaudir las buenas acciones de nuestros alumnos/as o para sancionar las inadecuadas. También es conocido, por experiencia, que el premio o el castigo deben ser inmediatos para conseguir que surtan el efecto deseado (fomentar lo bueno, evitar lo malo) en nuestros estudiantes.
Pero en Justicia esta ley física algunas veces no se cumple. Es lo que se conoce como impunidad.
Esta impunidad trae consigo situaciones como que quien me rayó el coche no me pague el arreglo; que el vecino que valló su finca un metro dentro de la mía no me devuelva el terreno; que el constructor que prometió una piscina en la urbanización no la coloque o que el dinero abonado por las maletas que me perdieron, no alcance para reponerlas.
Todas estas situaciones nos incomodan, nos ofenden, hacen que algo se remueva en nuestro interior y que clame justicia.
Ahora, por un momento, pensemos en situaciones “algo” más graves aunque menos cotidianas en nuestras vidas: madres a las que les desaparecieron los hijos; padres torturados brutalmente; ejecuciones extrajudiciales que llenan fosas comunes; mujeres violadas; niños/as combatiendo, etc, etc, etc.
Estas cosas han existido – Guatemala, Ruanda, Chile, Argentina… – y lo que es peor, siguen existiendo – Congo, Palestina, Colombia…
¿Qué ocurre para que sigua repitiéndose la misma barbarie década tras década? La respuesta es fácil. Para estas acciones no han existido las reacciones adecuadas. Hay Impunidad.
En los últimos años veníamos asistiendo a pequeños avances en la lucha contra esta impunidad, que auguraban un futuro más Humano para las siguientes generaciones: el caso Pinochet, el caso Schilingo, el caso Fujimori… Todos estos triunfos vinieron de la mano de la aplicación UNIVERSAL de la Justicia Universal y del Derecho Internacional de los DDHH y nos hacían soñar con que estas reacciones, aunque tardías, surtieran el efecto esperado en los victimarios y algo, ¡por fin!, cambiara.
Pero hubo quien se incomodó. Surgieron los incidentes diplomáticos y bajo este pretexto, se esfumó la ilusión por conocer la Verdad, por conseguir la Justicia y por alcanzar la Reparación.
El mapamundi se hace chiquito, el universo se encoge y volvemos a abandonar a quienes más nos necesitan y que nos ven como una de sus últimas esperanzas.
La prensa casi no se hizo eco de lo sucedido, inmersos como estábamos en la sentencia del Yak-42, las corruptelas de los parlamentarios británicos, el caso Gürtely la inolvidable crisis, no había espacio en los medios de comunicación para decir que el parlamento español olvidó la ratificada carta de los Derechos Humanos y apostó por la Impunidad mandando un claro mensaje al mundo: Violen los DDHH, por nuestra parte no habrá reacción.
Si, como afirmaba Aristóteles, la justicia universal representa la suma de virtudes en las relaciones sociales, es obvio que el parlamento español, y con él todos/todas nosotros/as, el 19 de Mayo de 2009 abandonamos el virtuosismo en nuestras relaciones con otros seres humanos.
Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos: COLICHE
2008
Junio 2008
Artículo publicado en la revista del STE
NO CORREN BUENOS TIEMPOS…
No, no corren buenos tiempos para la libertad de expresión, no son días para mirar de frente la realidad, para decir “no estoy de acuerdo”, para afirmar que “la autoridad está al servicio del pueblo o por el contrario pierde su legitimidad”. ¡Cuidado, que peligra nuestro buen nombre, nuestra cómoda posición!
En medio de esta certeza, llega a nuestro Logroño, desde Colombia, un minero y campesino que acaba de vivir encarcelamiento (diez días de prisión con el consiguiente miedo y vejaciones), para después salir sin cargos y sin prueba alguna de delito; liberado y nuevamente amenazado. Tal vez sí haya delito en denunciar a una multinacional con sede en Sudáfrica Anglo Gold Ashanti que quiere quedarse con las tierras de su comunidad para explotar el oro que el Gobierno había acordado ceder a la misma, para un uso menos intensivo. Ahora, las amenazas lo tienen desplazado de su vereda, de su gente, y su tierra.
Les contamos una historia, esta historia es real, de hoy, la de cada día en Colombia:
Teo es líder en una comunidad situada al sur del Departamento de Bolívar en Colombia. Hijo de desplazados por la violencia de los años 50, de una familia llegada a una tierra virgen en plena selva, intenta construir una vida nueva hasta que un rico hacendado, terrateniente de la zona, logra nuevamente su expulsión, enviando a las casitas vaqueros con escopetas y con perros, para sacarlos por la fuerza y apropiarse de sus tierras.
Esa experiencia, vivida a sus 14 años, es la historia de Colombia repetida hasta la saciedad, repetida hasta el dolor. Recuerda que apenas pudo asistir a la escuela un curso. Con añoranza y con dignidad nos cuenta que su escuela fue la vida misma. Quienes lo conocemos, quienes lo hemos visto en su comunidad, entre sus gentes le concedemos el doctorado y el mérito de quien siempre está aprendiendo, la medalla “por causa de su honor”; honor labrado en la mina, en la defensa de la tierra, en contra de multinacionales que revolotean rapaces sobre el oro que pisan, le concedemos el crédito de un liderazgo ganado y una autoridad recibida de sus vecinos.
Hoy en la gran ciudad sufre hambre. Él, que llega de una tierra que desborda fertilidad. Desplazado, vive una callada persecución, ese silencioso control de cada movimiento, tan real como su deseo de retornar. Mientras, aquí, estamos entretenidos con los únicos temas que nuestros medios de comunicación informan sobre Colombia: la guerrilla y la droga. Terrible el dolor que causan, denunciables todas las muertes, todas las vidas arrancadas. Pero, la guerrilla y la droga no son las únicas realidades que causan dolor en Colombia y por eso lo tenemos con nosotros, viajando por Europa.
Lo acompañamos hasta el Ayuntamiento de Logroño donde se reunió con algunos de nuestros representantes municipales, a la Delegación del Gobierno, a la prensa, la radio, a dar una charla, y todo para contarnos que en su país la pobreza crece, que el país sigue vertiendo sangre sobre tanto petróleo, sobre el oro, el gas, la biodiversidad, la riqueza hidrográfica,…, que las víctimas siguen queriendo verdad, justicia y reparación.
Y seguimos denunciando con él que el Gobierno de Colombia está en manos de al menos 63 parlamentarios vinculados con la estructura paramilitar y controlado por las multinacionales que colonizan, invaden y expolian (no hace falta mirar muy lejos para poner nombre a éstas; fijémonos en los beneficios en bolsa de nuestras empresas españolas de comunicaciones españolas, de energía, banca, aguas…).
La prensa de acá nos va a seguir hablando de guerrilla y narcotráfico como único problema. Pero sigamos preguntando a los responsables políticos: ¿cómo justifica los más de 4 millones de desplazados por la violencia?, ¿cómo se justifican las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército?, ¿qué hace ante las miles de fosas comunes que los paramilitares han sembrado por todo el país? Crecen las plantaciones de palma para “nuestros” vehículos “ecológicos” que roban la tierra y el alimento de los más empobrecidos en Colombia y, ¿quién los protege?,…
No pueden manipularnos la realidad con denuncias selectivas, ni decirnos que no hay un conflicto interno, necesitamos entender por qué el gobierno no protege a su pueblo, por qué no da pasos hacia una salida negociada al conflicto.
Desde aquí, hoy nos quedamos con el testimonio de esta visita, con el valor, el coraje de este hombre, una lección para nuestro querido Logroño adormecido, lección de solidaridad, de trabajo para el pueblo, una lección de la libertad para expresar, para denunciar y disentir de los poderosos, esos que tienen nombre y apellidos, libertad, -eso sí- a costa de persecución, amenaza y calumnia.
Tomamos nota, querido Teo, entendemos por qué la comunidad te sigue otorgando autoridad y por qué su respeto y respaldo en este momento difícil. Ojalá también hagamos ejercicio de libertad denunciando, discrepando si es preciso, aún a costa de que entremos en el club de los que cuestionan este mercado y silenciamiento global, en el club de los “terroristas”.
Seguimos trabajando por la defensa de los Derechos Humanos en Colombia, por lo que entendemos como Justicia y Dignidad para los Pueblos, de este pueblo tan castigado y tan manipulado. En esta tarea traemos también la esperanza de unas comunidades con justicia y unos líderes que dan pasos hacia la paz.
Logroño, junio de 2008
Colectivo COLICHE
21 de Mayo de 2008
Excelentísimo Sr. Presidente
D. José Luis Rodríguez Zapatero
Palacio de la Moncloa
28.071 - Madrid
CC: Excelentísimo Sr. D. Miguel Ángel Moratinos
Ministro de Asuntos Exteriores
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
28.071 - Madrid
Excelentísimo Sr. Presidente
D. José Luis Rodríguez Zapatero
A través de la presente, queremos trasmitirle nuestro malestar ante las últimas declaraciones realizadas por Usted en la Cumbre entre la UE y América Latina celebradas recientemente en Lima.
Con ellas, una vez más, el Gobierno Español expresa su incondicional apoyo al presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
Nos sorprende y apena que nuestro gobierno siga manteniendo una posición tan permisiva y tolerante con todo lo que está ocurriendo en Colombia.
Cuando usted dice, refiriéndose a la crisis surgida tras el bombardeo sobre suelo Ecuatoriano por parte de las fuerzas armadas Colombianas:
"Ni uno de los países democráticos del área latinoamericana que se han sentido afectados, que están en el debate, llevar por ningún análisis equivocado, el responsable de lo que sucede, de la tragedia, de la indignidad, del secuestro, de las muertes son las FARC"
Nos preguntamos hasta qué punto estas palabras respetan la soberanía territorial de los países de América Latina y hasta qué punto su análisis del conflicto político, social y armado colombiano es responsable, dada la reducción del mismo a la simplista versión gubernamental que lo achaca exclusivamente a la existencia de las FARC y de sus actos.
Nos agrada sin embargo comprobar su apoyo, al menos verbal, a la lucha contra todo tipo de violencia, como manifiesta en sus declaraciones:
"Lo que todos los gobiernos deberían de compartir es la lucha contra todo tipo de acción violenta, de acción terrorista, los incidentes han provocado desavenencias, creo que las declaraciones públicas responsables para trabajar en favor del entendimiento han de ser de prudencia",
Pero discrepamos con usted en la forma de llevar a cabo esta lucha, ya que no consideramos suficientes las declaraciones responsables, aunque son importantes puesto que confundir a la opinión pública con campañas difamatorias del otro o mostrar como pruebas aquello que nunca tendrá valor en tribunales imparciales, como se está haciendo no es la mejor forma de luchar contra la violencia.
Consideramos que la verdadera forma de lucha que se debe exigir a todos los implicados en el conflicto, incluido el gobierno colombiano es la del respeto a la legalidad Internacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Desde este punto, el respeto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es desde el que nos duele especialmente su declaración, en la que haciendo referencia al presidente Uribe y su accionar contra las FARC dice:
"tiene ante sí un reto, una tarea dificilísima que es combatir a un grupo que ha dejado tanta sangre, tanta violencia, tanto terror en los colombianos".
Cuando Usted habla de “un grupo que ha dejado tanta sangre, tanta violencia, tanto terror en los colombianos”, se entiende que se refiere a las FARC, pero no han sido los únicos.
Si bien se muestra firme ante los secuestros realizados por las FARC en este país, creemos que su actuar ante los Crímenes de Lesa Humanidad que se han cometido y continúan cometiéndose por parte de los grupos paramilitares junto con las fuerzas de seguridad del estado es tibio y resulta, cuando menos, dolorosamente ofensivo para las víctimas.
Usted conoce, por las denuncias de las más prestigiosas organizaciones de Derechos Humanos y la propia ONU, las consecuencias del accionar paramilitar y militar:
* La tortura diaria que viven familiares, amigos y compañeros de los, al menos, 15.000 desparecidos que se contabilizan en Colombia.
* La desesperación de quienes tienen a sus seres queridos en una de las 3.000 fosas comunes existentes en el país.
* La miseria a la que se han visto empujados los 4 millones de desplazados internos que sobreviven, como pueden, en Colombia.
* La impotencia que enfrentan quienes vieron usurpadas 8 millones de hectáreas de sus tierras para el enriquecimiento ilícito de unos pocos.
* El dolor ante la impunidad en la que se mantienen los cientos de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país.
* El desarraigo de quienes tuvieron que exiliarse para garantizar su vida y la de su familia.
* El terror diario de convivir con los ejecutores de atroces masacres, viendo como continúan ejerciendo el poder y el control en las ciudades, municipios, corregimientos y veredas de toda Colombia.
* La desolación a la que se enfrentan los miembros de la Unión Patriótica quienes han visto asesinar a 4.000 de sus miembros por defender democráticamente sus ideas.
* La angustia con la que viven sindicalistas, periodistas, estudiantes, defensores de los DDHH, abogados, etc que se ven perseguidos, acosados y amenazados por defender la libertad de opinión, el derecho a la educación, el derecho a la vida, la justicia, etc.
Todos estos hechos también han dejado y siguen dejando sangre, violencia y terror en los colombianos, a pesar de la supuesta desmovilización paramilitar llevada a cabo por el actual gobierno.
No dudamos que es de su conocimiento:
1) Que 62 congresistas han sido condenados o están siendo juzgados por su participación en la denominada “parapolítica”.
2) Que de esos 62 congresistas, 57 son uribistas con puesto en el gobierno.
3) Que hoy en día está en entredicho la legalidad de la reelección del presidente Uribe en las últimas elecciones ya que la ley que permitía dicha reelección fue aprobada con el apoyo de los excongresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, ambos acusados de cohecho.
4) Que las denuncias entre el presidente Uribe y el expresidente de la Corte Suprema se derivan del caso Mario Uribe (primo del presidente Álvaro Uribe encausado por nexos con los paramilitares) quien recientemente solicitó asilo en Costa Rica pero que fue denegado.
5) Que la ley 975, mal conocida como ley de Justicia y Paz, fue y sigue siendo incumplida por los paramilitares y que por tanto, sus casos, debieron/deben, conforme a derecho, pasar a la justicia ordinaria.
6) Que la decisión de extraditar a los comandantes paramilitares por parte del presidente Álvaro Uribe traerá como consecuencia:
a) Detener la aparición de nuevos casos de parapolítica que tanto le están perjudicando.
b) Evitar el conocimiento de las verdaderas relaciones entre paramilitares y fuerza pública, empresarios, terratenientes, miembros de la justicia, etc.
c) Dejar sin efecto las órdenes de captura, los llamamientos a juicio, y las condenas en firme que ha proferido la justicia ordinaria en contra de estos jefes paramilitares.
Y que además supone:
d) Un nuevo premio para estos, ya que las penas de cárcel que deberán soportar por narcotráfico son mucho menores que las que les corresponderían por Crímenes de Lesa Humanidad.
e) Un nuevo desprecio a las víctimas en Colombia, condenándolas a la impunidad de los crímenes que contra ellas se cometieron, convirtiéndose, de nuevo, en su victimario.
f) La imposibilidad de alcanzar los derechos de Verdad, Justicia y Reparación que se les reconocen internacionalmente a las víctimas.
Es por el conocimiento que Usted tiene de esta realidad por lo que solicitamos:
- Explicite pública y claramente su apoyo también a las víctimas de estos crímenes y la condena a sus victimarios.
- Exija el cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al Gobierno Colombiano.
- Muestre públicamente su desacuerdo contra la extradición de paramilitares al suponer la vulneración de los derechos de las Víctimas en cuanto a Verdad, Justicia y Reparación atañe.
- Retire el apoyo al presidente Uribe y su gobierno ante la gravísima situación de parapolítica que lo ilegitima a todas luces.
Aspirando conseguir una paz duradera en Colombia, esperamos que los intereses económicos de nuestro país, no se antepongan a los derechos de las todas las víctimas a la Verdad, la Justicia y la Reparación. Por ello solicitamos enérgicamente y confiamos en un cambio en la política de este nuestro gobierno que Usted preside y que precisamos garante de los DDHH y la legalidad internacional por encima de todo.
Atentamente:
Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos: COLICHE
Parque Miguel Hernández 1, 4º L
26.005 – Logroño –
ESPAÑA
En Logroño, a 21 de Mayo de 2008
6 de Marzo de 2008
MANIFIESTO
Quienes convocamos este acto, atendiendo la llamada del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia queremos declarar junto con las víctimas:
1. El rechazo a todas las formas criminales contra el ser humano. Crímenes que en Colombia se repiten sistemáticamente desde hace décadas y que son cometidos mayoritariamente por agentes estatales y paraestatales. Violaciones de los derechos que alcanzan la categoría de crímenes contra la humanidad: genocidios como el de la Unión Patriótica
2. Renegamos de toda justificación pública de estos crímenes bien sea por razones ideológicas, de Estado, bajo el pretexto de la seguridad nacional, del pretendido derecho a la autodefensa, de la acumulación de la riqueza y del despojo de tierras o de cualquier otro argumento que se emplee para legitimar lo que a la luz de la ética y del inquebrantable derecho a la vida es inhumano. Consideramos que toda expresión o discurso con el que se pretenda ignorar los derechos humanos y el derecho humanitario, nos aleja del camino de la paz y la democracia. La sociedad por su parte debe actuar para exigir el respeto de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
3. Exigimos reconocimiento y respeto para las víctimas. Que no se manipule su sufrimiento, ni se haga uso de ellas con fines políticos, electorales, económicos o militares. Llamamos a que no se afecte su dignidad de ninguna manera, a que se desista del intento de contraponerlas unas a otras, y a que no se vulneren aún más sus derechos convirtiéndolas en blanco de nuevas agresiones. Llamamos a que sus propuestas y argumentos sean asumidos con seriedad.
4. Exigimos verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de crímenes contra la humanidad, que se devuelvan los desaparecidos a sus familiares, se restituyan las tierras a los desplazados; se desmonten en forma definitiva los grupos paramilitares, se acaben los vínculos de éstos, con instancias estatales, empresas multinacionales o partidos políticos y que todos los vinculados a la parapolítica y por tanto responsables de violaciones de los derechos humanos sean sancionados y sus crímenes esclarecidos ante el país y el mundo.
5. Después de más de cuarenta años de conflicto armado ininterrumpido urge encontrar caminos viables que permitan avanzar sin más demora hacia la solución política negociada del conflicto armado, en la cual se preserven los derechos de las víctimas.
Hacemos un llamamiento al gobierno y a los medios de comunicación españoles para que muestren la realidad del país más allá de la versión gubernamental; anteponiendo la verdad a los intereses económicos españoles.
En un pasado no muy lejano atrocidades como las que hoy se han cometido y se cometen en Colombia fueron perpetradas en otros países hermanos (Argentina, Guatemala, Chile, El Salvador…), en aquellas ocasiones no pudimos, no quisimos o no supimos solidarizarnos con quienes tanto nos necesitaban. No repitamos los errores del pasado, no neguemos a las víctimas sus derechos, no las abandonemos al olvido.
Cada una de estas velas que encendemos esta noche quiere ser la presencia de cada una de esas miles de víctimas. El grito tantas décadas acallado por las armas, el terror y la manipulación.
Es éste nuestro clamor desgarrado y firme ante la barbarie. Nos unimos todos los que hoy nos manifestamos en todas las partes del mundo para llevar con este acto homenaje nuestro aporte a la paz y a la justicia en Colombia. Levantamos hoy la voz a favor de la vida, de la justicia, de la dignidad. Recordamos a los represores y a quienes consienten en su actuar que la paz sólo puede lograse por los caminos del diálogo, el reconocimiento de la dignidad del otro y la aplicación de los principios de VERDAD, JUSTICIA y REPARACIÓN INTEGRAL.
¡No más desaparecidos,
no más desplazados,
no más masacrados,
no más ejecutados!
Foro Social de La Rioja
En Logroño, 6 de marzo de 2008
3 de febrero de 2008
¿POR QUÉ EN ESTA OCASIÓN NO VAMOS A MARCHAR?
El Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos, COLICHE, quiere hacer pública su postura ante la convocatoria de marcha mundial contra las FARC el próximo 4 de febrero.
Ésta cuenta con la aprobación del Presidente Álvaro Uribe Vélez y será secundada por “la dirigencia de los Movimientos de Desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia”, como se autodenominan en este momento los altos mandos paramilitares como el reconocido Mancuso.
Como Organización comprometida con la promoción y defensa de los Derechos Humanos en Colombia, el Colectivo COLICHE contrasta los datos que recibe de primera mano con el fin de llevar a cabo su tarea en pro de todas las víctimas y contra los victimarios allá donde actúen; nacional o internacionalmente.
Por todo ello:
Muestra su rechazo por la utilización parcial y partidista de la dolorosa situación de los secuestrados y secuestradas en Colombia que, a través de los medios de comunicación, están sometiendo a un imperdonable olvido a los miles de asesinados y masacrados, a los casi 4 millones de desplazados forzosos de sus tierras, a los 30.000 desparecidos, de los que 15.000 son detenidos desaparecidos; a los 4.000 asesinados de la Unión Patriótica , a los sindicalistas perseguidos, a los defensores y defensoras de derechos humanos criminalizados y exiliados, a los indígenas y afrodescendientes a los que se niega el derecho a su tierra… y por supuesto al 44 % de la población que sobrevive bajo el umbral de la pobreza.
Rechaza categóricamente la utilización de los secuestrados y secuestradas con fines diferentes a su liberación y contra su dignidad.
Se niega a participar en actos que puedan poner en peligro la seguridad de los/as secuestrados/as tal y como ha manifestado Asfamipaz, (asociación de familiares de policías y militares retenidos y liberados por grupos guerrilleros) y que alejen la posibilidad de un acuerdo humanitario. Se niega a participar en la polarización de una sociedad que sufre una guerra fratricida de más de 40 años y que se está viendo arrastrada al “si no estás conmigo estás contra mí”.
Por esto no puede ni quiere entrar en el juego de esta marcha que desconoce la realidad del país, que pone una cortina de humo sobre un conflicto interno que el Gobierno se niega a reconocer ignorando la responsabilidad del estado en todo ello.
Lamenta el papel que el gobierno español está adoptando al manifestar su apoyo a la política del gobierno colombiano y a su mal llamada ley de Justicia y Paz, que vulnera gravemente los internacionalmente reconocidos derechos de las víctimas a la Verdad , Justicia y Reparación.
Lo lamenta porque antepone intereses políticos y económicos al respeto de los Derechos Humanos y guarda silencio ante la grave crisis que atraviesa el país mientras las multinacionales, algunas españolas, siguen apropiándose de la riqueza de Colombia.
Exige a todos los actores del conflicto el respeto a la vida y la integridad física de la población civil, así como el cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El Colectivo COLICHE reitera su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, con la búsqueda de las causas del conflicto político, social y armado que vive el país y reafirma su intención de manifestarse y salir a la calle cada vez que sea preciso por las víctimas en Colombia, por todas las víctimas, por la salida negociada al conflicto, y por la humanización de esta guerra fratricida.
En Logroño, a 3 de febrero de 2008.
Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos.
COLICHE
2007
Octubre 2007 – Publicado en la revista del STE
Y también esta vez, como todas las anteriores, su fortaleza, coraje y entrega nos vuelve a sorprender, convencer y conmover.
Tod@s hemos oído hablar de la famosa “desmovilización paramilitar” en Colombia. El Gobierno de ese País se ha encargado de mostrarla al mundo como un gran avance para la Paz pero… ¿qué hay de cierto en esto?
En primer lugar cabe decir que la ley en la que se ampara esta supuesta “desmovilización”, la “Ley de Justicia y Paz”, nace como una forma de proteger a los paramilitares de la Corte Penal Internacional. El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo dijo a los voceros de los paramilitares “...el peligro de la Corte no es inminente. Solo opera si no se ha impartido justicia en el país. Esa es la razón por la cual el modelo que se está planteando es de juicio y condena en el país. El hecho de que el gobierno ofrezca un proyecto de ley, que contempla una pena privativa de la libertad, es importante porque bloquea la posibilidad de esa jurisdicción internacional”[1].
También debido a esto los paramilitares declararon unilateralmente el cese de hostilidades el 29 de septiembre de 2002, pasados 27 días de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma para Colombia.
Pero… a dos años de la puesta en marcha de esta ley ¿se ha cumplido el cese de hostilidades?
Para responder a esta pregunta basta decir que sólo desde el 1 de diciembre de 2002 al 31 de diciembre de 2004 se han cometido el asesinato o la desaparición forzada de por lo menos 2.339 personas en hechos atribuibles a los paramilitares[2].
Algo similar observamos con el desmonte de sus estructuras, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha advertido recientemente de la existencia de 22 grupos formados por entre 3.500 y 5.000 hombres armados que operan en 20 departamentos del país y que coinciden con las antiguas zonas de control paramilitar.
¿Y qué ha traído esta ley a las víctimas? En este ambiente es fácil suponer que los principios de Verdad, Justicia y Reparación que deben regir el actuar en estos casos han sido omitidos totalmente. La participación directa de las víctimas en los procesos no se permite, han seguido siendo amenazadas, amedrentadas y asesinadas y lo mismo continúa ocurriendo con las organizaciones que las defienden y las apoyan.
También han tratado de impedir la exposición de la galería de la memoria y todos los actos que las víctimas hacen como recuerdo y reivindicación de sus familiares.
Os podemos asegurar que en estas circunstancias y acompañando a madres, padres, hermanos/as, hijos/as, amigos/as, etc de víctimas en los actos que realizan en el marco de la “Campaña Memorias contra el Silencio y la impunidad, Nunca Más crímenes de Estado” nos hemos dado cuenta que la poesía que un día escribió Neruda se sigue recitando como un grito de necesaria justicia.
Los enemigos
Ellos aquí trajeron los fusiles repletos
de pólvora, ellos mandaron el acerbo exterminio,
ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba,
un pueblo por deber y por amor reunido,
y la delgada niña cayó con su bandera,
y el joven sonriente rodó a su lado herido,
y el estupor del pueblo vio caer a los muertos
con furia y con dolor.
Entonces, en el sitio
Donde cayeron asesinados,
Bajaron las banderas a empaparse de sangre
Para alzarse de nuevo frente a los asesinos.
Por estos muertos, nuestros muertos
Pido castigo.
Para los que de sangre salpicaron la patria,
Pido castigo.
Para el verdugo que mandó esta muerte,
Pido castigo,
Para el traidor que ascendió sobre el crimen
Pido castigo.
Para el que dio la orden de agonía,
Pido castigo.
Para los que defendieron este crimen,
Pido castigo.
No quiero que me den la mano
Empapada con nuestra sangre.
Pido castigo.
Ellos aquí trajeron los fusiles repletos
de pólvora, ellos mandaron el acerbo exterminio,
ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba,
un pueblo por deber y por amor reunido,
y la delgada niña cayó con su bandera,
y el joven sonriente rodó a su lado herido,
y el estupor del pueblo vio caer a los muertos
con furia y con dolor.
Entonces, en el sitio
Donde cayeron asesinados,
Bajaron las banderas a empaparse de sangre
Para alzarse de nuevo frente a los asesinos.
Por estos muertos, nuestros muertos
Pido castigo.
Para los que de sangre salpicaron la patria,
Pido castigo.
Para el verdugo que mandó esta muerte,
Pido castigo,
Para el traidor que ascendió sobre el crimen
Pido castigo.
Para el que dio la orden de agonía,
Pido castigo.
Para los que defendieron este crimen,
Pido castigo.
No quiero que me den la mano
Empapada con nuestra sangre.
Pido castigo.
No los quiero de embajadores,
Tampoco en su casa tranquilos,
Los quiero ver juzgados,
En esta plaza, en este sitio.
Quiero castigo.
Tampoco en su casa tranquilos,
Los quiero ver juzgados,
En esta plaza, en este sitio.
Quiero castigo.
Pablo Neruda
[1] Revista Semana, 27 de septiembre de 2004
[2] Datos de la Comisión Colombiana de Juristas
28 de Octubre de 2007
A dos años de la implementación de la
Ley de Justicia y Paz
Ley de Justicia y Paz
Las organizaciones abajo firmantes hemos tenido conocimiento de la celebración en Casa de América, Madrid, del seminario que lleva por título: “SEMINARIO INTERNACIONAL: BALANCE DE DOS AÑOS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ” y del I FORO INTERNACIONAL "SALVEMOS COLOMBIA" en Barcelona
Lamentamos que en esta ocasión, al igual que ha ocurrido a lo largo de la aprobación de esta ley y de su implementación, no se haya tenido en cuenta ni a las víctimas ni las organizaciones que las representan y acompañan centrándose toda la preocupación, nuevamente en los victimarios.
A dos años de la ley 975 de 2005, mas conocida como ley de Justicia y Paz, queremos dejar constancia de que:
El 92% de los desmovilizados se han sometido a los beneficios de la Ley 782 de 2002 y del decreto 128 de 2003[1] y sólo el 8% se ha acogido a la ley de Justicia y Paz.
La ley 975 de 2005 surgió como una forma de mantener en la impunidad los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por los paramilitares y quienes les apoyan, eludiendo así la posible actuación de la Corte Penal Internacional[2].
Continúa siendo este el objetivo primordial del Gobierno Colombiano como lo demuestra el hecho de querer imputar el delito de sedición a los miembros del paramilitarismo, hecho que la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha impedido[3]
Pese a que los beneficios que aportaba a quienes a ella se acogieran estaban condicionados al cese de hostilidades[4] y a su contribución a la Paz confesando todos los crímenes cometidos, ninguno de estos requisitos se ha cumplido y, sin embargo, no se ha paralizado la ley ni se conoce ningún caso de retirada de dichos beneficios.
No ha conseguido su objetivo principal que era el desmonte efectivo de los grupos paramilitares, sus estructuras[5] ni el control de sus fuentes de financiación (narcotráfico).
El entramado jurídico está diseñado para no permitir la participación real de las víctimas en los procesos: las audiencias libres son privadas, prohibiendo su transmisión por medios de comunicación masiva, no pueden formular interrogatorio director, etc.[6]
Las víctimas no son ni van a ser reparadas en la ley 975 de 2005, ni en el plano individual que abarca la restitución, indemnización y readaptación[7], ni en el plano colectivo con la no repetición. Los paramilitares ocultan tanto sus bienes lícitos como los obtenidos ilícitamente y, los entregados, no alcanzan a cubrir el pago de la totalidad de las víctimas del conflicto por lo que el gobierno propugna la reparación colectiva y simbólica como el mecanismo idóneo para resarcir e indemnizar a las víctimas del conflicto[8].
A día de hoy las víctimas continúan corriendo grave riesgo y continúan siendo amenazas, intimidadas, desplazadas y asesinadas[9].
Se ha conseguido desvelar someramente las profundas relaciones existentes entre los distintos poderes estatales (ejército, policía, DAS, parlamento, senado, etc.) y los grupos paramilitares, nexos que las organizaciones sociales veníamos denunciando hacía mucho tiempo.
Queda comprobado, basándonos en todo lo anteriormente dicho, que esta ley y su implementación ni tan siquiera tratan de conseguir las garantías de Verdad, Justicia y Reparación reconocidos por el Derecho Internacional para las Víctimas.
Es por este motivo por el que queremos mostrar:
Nuestro profundo desacuerdo con la celebración de este seminario y este foro que consiente la presentación de esta ley como un avance para la Paz en Colombia, desoyendo la voz de las Víctimas y dando todo el protagonismo a los victimarios.
Y exigir al Gobierno Español:
No secundar ni apoyar iniciativas y políticas tendentes a validar la ley de Justicia y Paz como una forma de superación del conflicto que se vive en Colombia, puesto que su único objetivo es conseguir la impunidad para los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en el país.
Retirar inmediatamente el apoyo del Estado Español a la supuesta desmovilización de los paramilitares dada su vulneración a los principios de Verdad, Justicia y Reparación.
Cese de todo ayuda al Gobierno Colombiano hasta que los Derechos Humanos sean respetados plenamente en este país.
Tomar todas las medidas que estén en su mano para evitar que los paramilitares sean extraditados a Estados Unidos para comparecer ante los tribunales de este país a responder por el delito de tráfico de estupefacientes, utilizando este procedimiento, como un mecanismo de impunidad para los crímenes de lesa humanidad cometidos.
Recordamos que tal y como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en el caso Barrios Altos vrs Perú, sentencia 14 de Marzo de 2001): “Resultan inadmisibles la disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. (…) 43. Las leyes de auto-amnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. (…) 44. (…) Las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables.”
Logroño, 28 de octubre de 2007
ORGANIZACIONES DEL ESTADO ESPAÑOL QUE ADHIEREN:
- AMSALA – Asociación Misionera Salvatoriana para Latinoamérica
- Asociación Española para el Desarrollo y la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)
- Asociación Acción Verapaz
- Asociación Acción Verapaz
- Asociación de Amistad Rioja-Cuba
- Asociación de Mujeres Feministas: Laguz.
- Asociacion Pro Derechos de la Infancia - Melilla
- Asociación Solidaridad Derechos Humanos Colombia
- Campaña Contra el Plan Colombia
- CEDSALA
- CEDSALA
- CGT
- Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos: COLICHE
- Colectivo IQUIQUE
- Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos: COLICHE
- Colectivo IQUIQUE
- Colectivo Sur Cacarica
- Colectivo Sur Cacarica, de Valencia
- Comité de Solidaridad Oscar Romero de Madrid
- Comité de Solidaridad Óscar Romero de Zaragoza
- Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza
- Comunidad Cristiana de Base Sto. Tomás de Aquino
- Comunidades Cristianas Populares
- Comunidad de Vanguardia Obrera
- Cosal-Xixon
- Ecologistas en Acción, España
- Ecologistas en Acción – Madrid
- Ekologistak Martxan
- Equipo Nizkor
- Espacio Alternativo-Madrid
- Federación de Comités de Solidaridad con África Negra
- Izquierda Unida - La Rioja
- Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid
- Komite Internazionalista de Ermua (País Vasco)
- Komite Internazionalistak de Euskal Herria
- Logroño en Bici-Ecologistas
- Partido Comunista de los Pueblos de España
- Paz con Dignidad
- Plataforma Rural /Alianzas por un Mundo Rural Vivo
- Red Capicua
- Salva la Selva - Latinoamérica
- Secretaría de la coordinadora de los Comités Oscar Romero del Estado Español
- Sodepaz Balamil
- Soldepaz Pachakuti (Asturies)
- Sodepaz-Rioja
- Unión de Juventudes Comunistas de España
- Xàrxa de l'Observatori del Deute en la Globalització, Catalunya
OTRAS ORGANIZAIONES QUE ADHIEREN
- Andas Medellín (Colombia)
- Asociación Campesina de Antioquia (Colombia)
- Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES (Colombia)
- Asociación para la Promoción Social Alternativa -MINGA- (Colombia)
- Association Asamblee International de la Societe Civil por La Paix de Colombie et Dans Le Monde, Section Suisse.-AIPAZCOMUN (Suiza)
- Comité Estudiantil de Derechos Humanos Gustavo Marulanda (Colombia)
- Comité Permanente de Derechos Humanos Héctor Abad Gómez (Colombia)
- Corporación Compromiso (Colombia)
- Corporación Jurídica Libertad (Colombia)
- France Amérique Latine Bordeaux Gironde (Francia)
- Fundación Sumapaz (Colombia)
[1] Reglamento que excluye la investigación y sometimiento a la justicia de tales criminales, por los delitos cometidos con ocasión a su pertenencia al grupo armado ilegal profiriéndose a su favor indultos, autos inhibitorios, preclusiones de investigación y cesación de procedimientos, todo esto, sin necesidad de asumir el deber de confesar la verdad respecto a los actos cometidos incluyendo crímenes de lesa humanidad.
[2] En septiembre de 2004 la Revista Semana reveló el contenido de unas grabaciones hechas en Santa Fe de Ralito entre el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo y los voceros de las AUC. En dichas conversaciones se discutió la preocupación de los paramilitares con respecto a la competencia de la Corte Penal Internacional. El Alto Comisionado respondió “...el peligro de la Corte no es inminente. Solo opera si no se ha impartido justicia en el país. Esa es la razón por la cual el modelo que se está planteando es de juicio y condena en el país. El hecho de que el gobierno ofrezca un proyecto de ley, que contempla una pena privativa de la libertad, es importante porque bloquea la posibilidad de esa jurisdicción internacional”
[3] Ver texto de la Sentencia negando que las actividades paramilitares puedan ser incluidas en el tipo penal de "delito político" o "sedición". Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Bogotáa, 11 de julio de 2007. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/sedicion.html Ver también: Comentario sobre la sentencia que deniega a los paramilitares la aplicación del tipo penal de "sedición" o el de "delito político" Trascripción del comentario sobre la sentencia realizado por Radio Nizkor el 19jul07. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/sedicion1.html
[4] Según la Comisión Colombiana de Juristas: Los grupos paramilitares continúan violando el derecho a la vida, a pesar del proceso de negociaciones con el Gobierno. Desde el inicio de ese proceso el 1º de diciembre de 2002 hasta el 30 de abril de 2007, por lo menos 3.040 personas fueron muertas o desaparecidas por fuera de combate por paramilitares. El Gobierno no ha reaccionado al respecto, a pesar de que había anunciado que dicho proceso estaba sujeto a la condición de que tales grupos no cometieran ni una muerte más. Por el contrario, el Alto Comisionado para la Paz ha declarado que “El cese de hostilidades es una metáfora que debe manejarse con mucha flexibilidad".
[5] La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, publicó el informe Disidentes, Rearmados y Emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar? (Área de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR). Agosto de 2007) donde advierte de la existencia de 22 grupos que agrupan entre 3.500 y 5.000 hombres armados que operan en 20 departamentos del país y que coinciden con las antiguas zonas de control paramilitar.
[6] La Sala Penal de la Corte Suprema en la Sentencia de 11jul07 dice expresamnte: La Corte Suprema, afirma en esta sentencia que el artículo 71 de la Ley 975 de 2006 violenta los derechos de las víctimas y agrega:
"1. La intervención de las víctimas en el proceso penal y su interés porque la justicia resuelva un asunto, pasó de la mera expectativa por la obtención de una reparación económica -como simple derecho subjetivo que permitía que el delito como fuente de obligaciones tuviera una vía judicial para el ejercicio de la pretensión patrimonial - a convertirse en derecho constitucional fundamental que además de garantizar (i) la efectiva reparación por el agravio sufrido, asegura (ii) la obligación estatal de buscar que se conozca la verdad sobre lo ocurrido, y (iii) un acceso expedito a la justicia, pues así se prevé por la propia Constitución Política, la ley penal vigente y los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
2. Tal perspectiva de la víctima solamente se puede entender cuando se acepta, como tiene que ser, que ella ha quedado cubierta por: "un sistema de garantías fundado en el principio de la tutela judicial efectiva, de amplio reconocimiento internacional, y con evidente acogida constitucional a través de los artículos 229, 29 y 93 de la Carta. Este principio se caracteriza por establecer un sistema de garantías de naturaleza bilateral. Ello implica que garantías como el acceso a la justicia (Art.229); la igualdad ante los tribunales (Art.13); la defensa en el proceso (Art.29); la imparcialidad e independencia de los tribunales; la efectividad de los derechos (Arts. 2° y 228); sean predicables tanto del acusado como de la víctima. Esta bilateralidad, ha sido admitida por esta Corporación al señalar que el complejo del debido proceso, que involucra principio de legalidad, debido proceso en sentido estricto, derecho de defensa y sus garantías, y el juez natural, se predican de igual manera respecto de las víctimas y perjudicados". [Ver texto de la Sentencia negando que las actividades paramilitares puedan ser incluidas en el tipo penal de "delito político" o "sedición". http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/sedicion.html Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Bogotá, 11 de julio de 2007. Ver también: Comentario sobre la sentencia que deniega a los paramilitares la aplicación del tipo penal de "sedición" o el de "delito político" Trascripción del comentario sobre la sentencia realizado por Radio Nizkor el 19jul07. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/sedicion1.html
[7] Restitución: Tendientes a que la víctima pueda volver a la situación anterior a la violación.
Indemnización: Perjuicio psíquico y moral, así como pérdida de un oportunidad, daños materiales, atentados a la reputación y gastos de asistencia jurídica.
Readaptación: Atención médica que comprenda la atención psicológica y psiquiátrica
[8] Artículo 16 decreto 3391 de 2005 – Mecanismos para la reparación de las Víctimas: “… el carácter integral de la reparación no se establece en función exclusiva de las acciones de naturaleza económica…”
[9] La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, publicó el informe Disidentes, Rearmados y Emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar? (Área de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR) Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – Agosto de 2007) donde se dice: “Además, estos grupos ilegales de coerción han mostrado - con más claridad los últimos meses - su voluntad de ejercer control político y amedrentar a las organizaciones sociales que están apoyando a organizaciones de víctimas de los paramilitares”.
10 de Diciembre de 2007
Día de los Derechos Humanos
