"Si no puedes tener la razón y la fuerza, escoge siempre la razón y deja que el enemigo tenga la fuerza. En muchos combates puede la fuerza obtener la victoria, pero en la lucha toda sólo la razón vence. El poderoso nunca podrá sacar razón de su fuerza, pero nosotros siempre podremos obtener fuerza de la razón".



El Viejo Antonio




domingo, 30 de septiembre de 2012

Caso Jineth Bedoya declarado Crimen contra la Humanidad


El Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos, Coliche se congratula por la declaración como Crimen Contra la Humanidad del ataque sufrido por la periodista Jineth Bedoya a manos de paramilitares en el 2000.  


19sep12


Quién le teme al caso de Jineth Bedoya



"Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón" 
Francisco de Quevedo



La declaratoria la semana pasada del caso de la periodista Jineth Bedoya Lima como un crimen de lesa humanidad develó como ninguno los intereses y estructuras de la impunidad en Colombia. A pocas horas de conocerse la decisión de una fiscal instructora, desde la propia cúpula de la Fiscalía General de la Nación se emitió un comunicado que ponía en duda la determinación y, el fin de semana, Abelardo De La Espriella, reconocido defensor de paramilitares y parapolíticos, calificó el hecho de "absurdo".

Y no era para menos: en una providencia jurídicamente contundente pero políticamente incorrecta para los tiempos que corren, la fiscal 49 de la Unidad de Derechos Humanos, Bibiana Orozco, estableció que en lo sucedido contra Jineth se ejecutó un plan sistemático del paramilitarismo para acallar a la prensa en Colombia, y de paso excluyó de los beneficios de la ley de Justicia y Paz a los tres sindicados de planear y cometer los vejámenes a los que fue sometida Jineth en mayo de 2000, dos de los cuales, Emiro Pereira Rivero y Alejandro Cárdenas Orozco, fueron reconocidos por la periodista como sus verdugos y violadores. El otro asegurado, Mario Jaimes, fue quien citó a Jineth a la entrevista que en realidad la llevaría a su propio calvario.

Para la fiscal del caso, "lo acontecido no fue un acto aislado o esporádico de violencia", sino que obedeció a un plan "que hundía sus raíces en las mismas tácticas y estrategias de guerra de una organización armada al margen de la ley que profesaba una línea de conducta, una directriz, una política que alentaba, incentivaba o promovía la realización de los ilícitos en contra de la población civil, y en este caso directamente contra Jineth Bedoya Lima bajo esa doble condición: la de miembro de la población civil y la de ejercer su actividad como periodista".

No se trata de la primera vez que un fiscal de derechos humanos hace uso del tipo penal "crímenes contra la humanidad" para calificar los ataques contra la población civil por parte de los paramilitares, pero sí de la primera en que se cumple la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de julio de 2007 -la misma que desató la furia del entonces presidente Álvaro Uribe- que consagró el deber del Estado de investigar y sancionar en forma eficaz delitos por cuya gravedad los procesados no pueden ser cobijados por la ley de Justicia y Paz ni beneficiados de amnistías, rebajas o indultos.

Tanto el abogado De La Espriella como la cúpula de la Fiscalía General de la Nación, al igual que un sinnúmero de abogados y victimarios, saben que la resolución de la fiscal 49 podría llevar a que las víctimas de masacres, ejecuciones, violaciones sexuales y otros delitos cometidos por paramilitares puedan reclamar el reconocimiento de la sistematicidad y masividad de los mismos y su carácter de crímenes contra la humanidad.

En este sentido, resulta casi inofensivo declarar como de lesa humanidad delitos que están a punto de prescribir y cuyos victimarios o están muertos o en la más absoluta impunidad o ya "sacrificados" públicamente, de quienes se alega su pertenencia a organizaciones criminales extintas (Cartel de Medellín) -como el caso de Luis Carlos Galán o el de Rodrigo Lara Bonilla.
En cambio, consagrar esa figura para procesos penales en los que las víctimas, como Jineth Bedoya, no sólo están vivas sino activas en su lucha por la verdad y la justicia, y los perpetradores identificados pertenecen a estructuras cobijadas con beneficios jurídicos como los contemplados por la denominada Ley de Justicia y Paz, resulta toda una amenaza para lo que en el país se conoce como "justicia transicional", que no es otra cosa que un sofisticado modelo de ingeniería jurídica en favor de la impunidad con el cual se selló una supuesta paz con el paramilitarismo.

La amenaza es aún mayor cuando se está ad portas de un nuevo "marco jurídico para la paz" que limitaría las expectativas de justicia para las víctimas de las guerrillas en el contexto de los diálogos que están a punto de comenzar, o del "blindaje jurídico" para los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, que hoy se abre paso en el proyecto de reforma al fuero penal militar. No en vano el presidente Juan Manuel Santos aseguró el martes que "es en el seno del Congreso donde se va a decidir dónde se va a trazar el límite entre justicia y paz".

El caso de Jineth Bedoya, colega sometida a los más crueles vejámenes por investigar el tráfico de armas, las desapariciones y homicidios que sucedían al interior de la cárcel para el año 2000 -hechos confesados por alias Don Mario y Pirata en agosto de 2010- se ha convertido así en una peligrosa talanquera contra la impunidad absoluta.

Su lucha, por años solitaria, sigue siendo la de una mujer que, como asegura la fiscal Orozco, "a sus recién cumplidos 26 años sufrió la que se percibe como la más trágica, dolorosamente traumática y amarga experiencia de su vida. Fue víctima de secuestro, fue torturada y violentada sexualmente. Pero ella sigue ahí, como el cedro del Líbano, irreverente, incólume frente al vendaval de los tiempos de su existencia".
[Fuente: Por Claudia Julieta Duque, Radio Nizkor, Bogotá, 19sep12]

14sep12


Provisionalmente, el caso fue calificado como un crimen de lesa humanidad


Tres exparamilitares fueron asegurados por secuestro, tortura y abuso sexual a la periodista. Uno de ellos confesó.

Después de 12 años, tres meses y 18 días de impunidad, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía dio un paso trascendental para el esclarecimiento de los delitos de los que fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo de 2000, cuando fue secuestrada, torturada y sometida a ultraje sexual por parte de miembros de los grupos de autodefensa. El ente investigador dictó medida de aseguramiento contra tres exparamilitares, al tiempo que admitió que este episodio debe ser tratado como un crimen de lesa humanidad.

La medida adoptada por la Fiscalía cobija, en primer término, al exparamilitar Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevoepisca o Alfonso, hombre muy cercano a los desaparecidos jefes de la organización Carlos y Vicente Castaño, con un amplio prontuario por diversos crímenes y su vinculación con el llamado Bloque Capital. Asimismo, fueron asegurados Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, un exguerrillero de las Farc que cambió de bando; y Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, quien confesó los cargos de secuestro y tortura.

En sus consideraciones, la Fiscalía concluyó que los tres paramilitares hicieron parte de un cuidadoso plan para atacar a un grupo determinado de la población civil, con la connotación de ser periodistas. Es decir, que lo ocurrido a Jineth Bedoya no fue un acto aislado o esporádico de violencia, sino un plan orquestado dentro de las estrategias de guerra diseñadas por la organización ilegal. En otras palabras, que el ataque iba dirigido a otros periodistas de El Espectador, diario en el que trabajaba la víctima para la época de los hechos.

A través de una notable labor investigativa, la fiscal que instruyó el caso documentó paso a paso lo sucedido ese 25 de mayo de 2000, cuando Jineth Bedoya acudió a la cárcel La Modelo para realizar una entrevista con los jefes paramilitares recluidos en el penal y fue secuestrada en las puertas del centro penitenciario. Lo hizo, recogiendo los testimonios necesarios para reconstruir la verdad de lo que sucedió. Entre ellos el de otro exparamilitar, quien ratificó cómo se dio la orden para el secuestro de la periodista.

Según el testigo, la idea de atentar contra Bedoya fue gestada por los jefes del naciente Frente Capital de las autodefensas, Miguel Arroyave y Ángel Gaitán Mahecha, quienes ordenaron "levantarla para darle una lección por meterse en los asuntos que ellos manejaban". El mismo declarante refirió cómo después de las agresiones a Jineth Bedoya se presentó una discusión por el ultraje sexual, pues Arroyave expresó su desacuerdo con lo sucedido, pero a Gaitán Mahecha le pareció normal que pasara, porque la idea era asustarla.

La Fiscalía consideró que estas evidencias constatan que lo que quisieron hacer los paramilitares con la periodista fue darle un ejemplo al gremio de que no debía inmiscuirse en sus rentables negocios y juegos de poder, entre ellos el tráfico de armas dentro de las cárceles. Un hecho que corroboró el testigo, según el cual sí se estaba consolidando un comercio de armas en la cárcel Modelo, pues existía el interés de desmantelar la organización guerrillera que funcionaba en el reclusorio y ganar esa guerra aparte en los penales.

El testimonio de Alejandro Cárdenas, quien aceptó los cargos de secuestro y tortura pero no el de abuso sexual, refiere que a él le dieron la orden de "dar de baja" a la periodista, que dicho mandato lo recibió de los miembros del Bloque Centauros alias Cachama y alias Pollo Royer, pero que a última hora recibió una contraorden de que no la debía matar sino secuestrarla, razón por la cual él mismo la retuvo frente a las puertas de la Modelo, luego la obligo a abordar una camioneta y más adelante se la entregó a alias Mauro y a alias 25.

La providencia de la Fiscalía destaca la importancia de un individuo como Jesús Emiro Pereira, miembro de las autodefensas desde 1988. El documento añade que Pereira tenía estrechos vínculos con Miguel Arroyave, Ángel Gaitán, Héctor Buitrago, alias Martín Llanos, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario; y con hombres al servicio del zar de las esmeraldas Víctor Carranza. A su vez, Gaitán era un hombre muy cercano a Carlos Castaño y al propio Carranza, así como a miembros de la Fuerza Pública que les colaboraban.

Al margen de la decisión judicial, que rompe un silencio de 12 años, lo importante de la providencia de la Fiscalía es la demostración de que en esa época los ataques contra los periodistas por parte del paramilitarismo fueron recurrentes como método de guerra, y el propósito fue acallar las voces de aquellos que pretendían exponer ante la opinión pública los desafueros y violaciones de los grupos de autodefensa. Una de tales periodistas fue Jineth Bedoya, quien pagó un elevado costo personal por cumplir con su deber.

Ayer, al conocer el sentido de la decisión, Bedoya manifestó que "se ha dado un paso importante gracias a la valentía de una fiscal que obró en justicia. Pero aún falta mucho por aclarar, como el papel que cumplieron funcionarios del Estado para contribuir en el ataque u omitir sus deberes de evitar el secuestro". Según la periodista, se trata de exfuncionarios del desaparecido DAS, la Policía, el Ejército y el Inpec, quienes tarde o temprano tendrán que explicar por qué el paramilitarismo reinó en la cárcel La Modelo de Bogotá.
[Fuente: Redacción Judicial, El Espectador, Bogotá, 14sep12]

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