El
Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos, coliche
felicita a las víctimas, familiares y organizaciones que desde hace años vienen
trabajando para que la Verdad, Justicia y Reparación necesarias, se hagan
realidad en la Comuna 13 de Medellín.
A quienes hemos conocido de cerca este incansable
empeño nos satisface ver cómo se ha materializado en esta Comisión de
Esclarecimiento, así como el hecho de que la Memoria de lo que allí ocurrió y
ocurre sigue intacta, pugnando por hacerse presente pese a quienes quieren
ocultarla.
Colectivo de Solidaridad Coliche

Teatro LuisFelipe Vélez de ADIDA
Comisionados
Luz Marina Monzón
Cifuentes, Colombia
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Santiago Corcuera
Cabezut, México
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Michael Reed Hurtado,
Colombia
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Carlos Fazio Varela,
Uruguay
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Elias Guillermo Levi,
Argentina
|
Helen Mack, Guatemala
|
Porque
no se puede silenciar la historia, porque los recuerdos del horror están
presentes, porque las grandes mayorías no saben que todo es posible, porque
debemos reintegrar a la memoria colectiva lo que de olvidarse retornaría,
nosotros, miembros de la Comisión Internacional de Esclarecimiento, convocados
por las víctimas de la Comuna Trece de Medellín a diez años de la Operación
Orión −ejecutada por fuerzas militares y policiales del Estado colombiano en
coadyuvancia de autoridades judiciales−, queremos brindar un balance preliminar
a partir de los testimonios y documentos recibidos, y de lo que pudimos
observar in situ.
Con
ese ánimo nos acercamos al lugar de los hechos y conversamos con distintos
actores. Pudimos recoger que el 16 octubre de 2002, tras una veintena de
operaciones de la Fuerza Pública, precedentes, dio inicio una operación militar
conjunta en un área urbana reducida y densamente poblada, en horas de la
madrugada, con el objetivo estatal de recuperar territorio y el monopolio de la
fuerza.
Las
autoridades policiales y militares arguyen que en la Comuna 13 había una
situación de caos, producido por el accionar de grupos insurgentes, contra los
cuales se desplegó una acción ofensiva bajo la lógica de combate a un enemigo
interno, definido como “terrorista”. En la acción participaron comandos de
elite especializados en guerra urbana, y de acuerdo con los testimonios de
víctimas y de los representantes de los órganos de control, la fuerza pública
utilizó tanquetas y helicópteros artillados realizando ametrallamientos
indiscriminados que provocaron daño, heridos (incluso niños) y terror en la
población. Elementos uniformados, incluyendo agentes del Cuerpo Técnico de
Investigación, guiados por civiles encapuchados (informantes)
irrumpieron en viviendas y procedieron a la captura de personas, en la mayoría
de los casos, sin las órdenes respectivas. En principio, la modalidad guerrera
utilizada en la Operación Orión parece haber violado el principio de distinción
y proporcionalidad, ya que se hizo un uso desproporcionado de la fuerza y
afectó gravemente a la población de la Comuna, lo que pone en cuestión la
legitimidad y legalidad de la acción.
En un
recorrido por distintos barrios de la Comuna −desde la llamada casa Orión hasta
La Escombrera (un lugar utilizado como cementerio clandestino de
detenidos-desaparecidos), pasando por Belencito, El Corazón, Villa Laura, El
Salado, Eduardo Santos y Las Independencias−, pudimos constatar que a diez años
de los hechos persiste en la zona un amplio despliegue territorial
policial-militar, incrustado incluso en viviendas particulares. Sin embargo,
también fuimos alertados de la persistencia del accionar de agrupaciones
paramilitares y bandas delincuenciales vinculadas a la economía criminal.
Como
resultado de nuestras observaciones, presentamos algunas consideraciones
preliminares:
En
primer lugar, la comisión extiende un reconocimiento al proceso de organización
de las víctimas de la Comuna 13. Su articulación en torno a la verdad, la
justicia y la reparación es admirable, en particular dada la adversidad que
implica encarar todos los prejuicios que se derivan del señalamiento y de la
estigmatización que se han erigido en su contra. La fuerza, la vitalidad y la
perseverancia de las víctimas se sobreponen a las difíciles condiciones de
vida, que incluyen la inseguridad y el terror todavía vigentes, y el desarraigo
provocado.
En
segundo lugar, la comisión expresa su preocupación en relación con la
información que recibió sobre la concatenación de eventos que, a partir de
2002, se habrían puesto en marcha en contra de las y los ciudadanos habitantes
de la Comuna 13. Las violaciones resultantes de las sucesivas operaciones
policiales y militares desarrolladas ese año, incluida la Operación Orión, y la
denunciada posterior asunción del control del territorio y la comunidad por
parte de grupos de paramilitares, ponen en entredicho el ejercicio del poder
público. Los actos de desaparición forzada, las ejecuciones, tortura, el
hostigamiento y detenciones arbitrarias que han sido valientemente denunciados
privan de legitimidad el uso de la fuerza conforme a los estándares
constitucionales e internacionales de derechos humanos y cuestionan seriamente
la argumentación oficial sobre la planeación y conducción de dicha operación,
que incluyó un ataque armado indiscriminado contra un centro de vida
comunitaria con el alto saldo de víctimas civiles no combatientes. Situación
que resulta más grave cuando organismos de control y de defensa de derechos
humanos vieron seriamente limitado el ejercicio de sus funciones, a través de
la coacción y las amenazas.
Por
esa razón y en tercer lugar, la comisión expresa su desconcierto por la
ausencia de avances procesales en las investigaciones penales y disciplinarias
por los graves hechos que han sido denunciados por familiares y por víctimas
directas que incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas y
detenciones arbitrarias. La ausencia de actividad por parte de la Fiscalía
General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación compromete la
responsabilidad del Estado por incumplimiento de sus deberes según el derecho
internacional de los derechos humanos, particularmente por la ausencia de
diligencia debida en la investigación de graves violaciones a derechos humanos.
La impunidad que califica esos hechos une la perpetración de los delitos con el
ejercicio de la autoridad.
En
cuarto lugar, la Comisión expresa su preocupación por la situación en que se
encuentran las víctimas de los hechos ocurridos en la Comuna 13 en relación con
la desaparición de sus seres queridos. Aunque existe información disponible en
manos de las autoridades y es de conocimiento público que pueden existir fosas
comunes con personas desaparecidas en La Escombrera y La Arenera no sólo no han
sido objeto de medidas de protección o preservación para la búsqueda y
recuperación de los restos, sino que tampoco se han tomado medidas para
suspender el depósito sistemático y creciente de desechos y construcción de
viviendas.
La
Comisión ha constatado durante su visita a “La Escombrera” y en los testimonios
escuchados de los familiares, la falta de respuesta y de avances en las
investigaciones. La información suministrada por las autoridades indica que no
han determinado el número total de las personas desaparecidas previo, durante y
posterior a la Operación Orión. Las organizaciones de derechos humanos y de
víctimas, han documentado al menos 92 casos y los paramilitares indicarían que
son al menos 300 cuerpos allí mutilados. Es urgente que se elabore un Plan de
Búsqueda que parta de una investigación preliminar que incluya la participación
de las víctimas e informándolas de su desarrollo y que asegure una coordinación
adecuada de todas las instituciones del Estado con responsabilidad en la
búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna de los desaparecidos.
Debemos
recordar que tal como lo ha indicado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos,“la privación de la verdad acerca del paradero de una víctima de
desaparición forzada acarrea una forma de trato cruel e inhumano para los
familiares cercanos”[1].
Sin dejar de recordar que la desaparición forzada es un crimen que se sigue
perpetrando de manera continua.
En
quinto lugar, la comisión llama la atención que además de los daños causados a
las víctimas y sus familiares, la violencia ejercida contra la población de la
Comuna 13 implicó destrucción social. Igualmente, generó un estigma sobre las
víctimas para justificar la violencia en contra de ellas. Sus familiares piden
que su reputación y su buen nombre sean restablecidos y que se reconozcan las
violaciones cometidas. Recuerda la comisión que la condición de víctima es
independiente del quehacer de las personas. El temor y la zozobra que se
implantaron mediante la arbitrariedad de las fuerzas oficiales y paramilitares,
y la de los grupos guerrilleros acallaron procesos sociales y restaron o
anularon autonomía a la expresión comunitaria. El efecto coercitivo de la
violencia sigue siendo palpable. Sigue el terror. Continúa el miedo
paralizante, disciplinador, como resultado de técnicas de guerra psicológica.
Elie
Wiesel, sobreviviente de los campos de concentración nazis, al recibir en 1986
el premio Nobel de Paz, manifestó que “lo que todas las víctimas necesitan,
sobre todo, es saber que no están solas; que no las estamos olvidando, que
cuando sus voces sean ahogadas debemos prestarles las nuestras, que mientras su
libertad dependa de la nuestra, la calidad de nuestra libertad depende de la
suya”[2]. Esperamos contribuir al reconocimiento
de las víctimas de la Comuna 13 y hacer eco de cómo nombran lo que les pasó y
lo que les está pasando. Ellas tienen la palabra.
Pensamos
que es necesario conocer la verdad histórica de los hechos y que se haga
justicia. Y que todo ese daño debe ser reparado. En todo caso, reconocemos y
enaltecemos los procesos organizativos que hemos conocido, particularmente los
de mujeres y jóvenes, que además de luchar contra el olvido y la negación
acogen con coraje la vida y encaran con admirable dignidad su día a día,
recordando a sus seres queridos.
[2] Elie Wiesel, Night, The Nobel Prize
acceptance speech delivered by Elie Wiesel in Oslo on December 10, 1986. New
York, Hill and Wang (2006), p.117-120. Traducción libre.
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