22 Abr 2013
Considerando que la búsqueda de la
paz con justicia social es un asunto que le concierne al conjunto de la
sociedad colombiana, nos encontramos cerca de 20.000 personas en el Congreso
para la Paz para mandatar en torno a una agenda, y el movimiento social,
que requiere el país para encontrar una solución definitiva al conflicto
social, político y armado que nos aqueja hace casi medio siglo.
Seguimos sosteniendo que la paz no
consiste únicamente en el silenciamiento de los fusiles. A nuestro juicio, no
podrá consolidarse una sociedad en paz sin los cambios necesarios que ataquen
de manera decidida las raíces del conflicto y sin revertir las acciones del
Estado que vulneran los derechos de los pueblos. Las graves problemáticas que
vive la mayoría del pueblo colombiano son factores que profundizan el
conflicto, por esa razón avanzamos en delinear una agenda social de paz planteada
en perspectiva de superar las condiciones de pobreza, desigualdad, marginalidad, impunidad y exclusión política que han
caracterizado al régimen político imperante, a través de la lucha organizada.
Esa agenda social de paz es expresión de los anhelos de las comunidades,
pueblos y organizaciones sociales que buscan una sociedad con una paz genuina
basada en la plena garantía de los derechos humanos y la construcción de un
país más equitativo.
Consideramos que no podrá
construirse la paz sin el concurso de los sectores sociales populares que hemos
padecido la guerra. Insistimos en que la salida al conflicto armado no le
compete solamente al gobierno nacional y las insurgencias, pues los sectores
populares también tenemos mucho que aportar en la construcción de paz. Si el
cese del conflicto armado requiere de consolidar una sociedad democrática, es necesario empezar por democratizar la búsqueda de
la paz.
Saludamos la mesa de diálogo entre
el gobierno y las FARC-EP, es un espacio importante en el avance hacia la paz,
sabemos que ésta es restringida porque no hay partición desde el movimiento
popular, la agenda es limitada y no están todas las insurgencias. El movimiento
popular es un sujeto real y sus opiniones tienen que hacer parte de las salidas
al conflicto y de un acuerdo nacional. La paz no es una prerrogativa exclusiva
de los armados, debe ser un propósito nacional que vincule a diversos sectores
de la sociedad colombiana. Hacemos un llamado para que se instituyan caminos
similares con el ELN y EPL para que avancen en nuevos escenarios de diálogo.
Para nosotros y nosotras la paz
tiene que ver con cambios estructurales, por ello nuestra agenda contiene un
programa que persigue el fin del conflicto, la construcción de políticas que
generen justicia social, la defensa de los territorios, las salidas a la crisis
humanitaria, la democratización del régimen político, la lucha contra la
impunidad y la plena garantía de los derechos humanos. En ese orden, nuestra
apuesta de paz pasa por:
Un
nuevo modelo económico que redistribuya los ingresos y la riqueza, cuyo
principal objetivo no sea la acumulación de capital sino el bien-estar de la población. Un modelo que no agreda
los territorios y los ecosistemas, sino que parta de su protección, el respeto
a la naturaleza y la afirmación de la diversidad social, cultural y ambiental.
En suma, una nueva concepción de la economía que desmonte el neoliberalismo, la
dependencia, la privatización, la mercantilización, la financiarización, el
despojo y el autoritarismo.
La reinvención de la política,
plantear nuevas formas de gobernabilidad, así como nuevas maneras de defensa de
lo público, para concebir un nuevo modelo de sociedad y de Estado. Por lo
tanto, mandatamos construir política desde los territorios para construir un
nuevo Estado y una nueva forma de gobernar.
Es necesaria una transformación
estructural del modelo de justicia imperante en nuestro país, caracterizado por
legitimar un conjunto de medidas que le apuntan a garantizar el orden social y
político impuesto. Como rechazo a este modelo de justicia hegemónico, represor
y elitista, los pueblos que mandatamos paz para la vida digna concebimos
urgente la construcción de un nuevo modelo de justicia que tenga como objetivo
central la garantía integral de los derechos de los pueblos, partiendo de los
mecanismos comunitarios y populares que existen y han existido, y proyectándose
hacia las grandes decisiones judiciales que se toman en el país, un nuevo
modelo de justicia que fortalezca el tejido social de las comunidades y
responda a las necesidades concretas del pueblo Colombiano, expresadas en la
agenda legislativa de país que proponemos como alternativa de vida digna y
justicia social, así si podemos hablar de paz.
Seguiremos luchando por salud y
educación públicas, universales, gratuitas, sin discriminaciones de ningún
tipo, a partir de un enfoque de derechos que reemplace la mercantilización de
la vida. La ley 100 de 1993 y las
propuestas de reforma a la educación son factores de guerra contra la sociedad,
especialmente contra los sectores populares. ¡Trabajo digno y sin distinción
de género, economía que parta de lo regional, socialización de la riqueza y de
los medios que permiten la producción, economía propia y soberanía, una
educación amplia, gratuita y de calidad. El reconocimiento de la diversidad de
pueblos que habitamos este territorio que pasa por reconocer la autonomía y dar la posibilidad de
existencia a pueblos que han sido condenados al exterminio!
Consideramos que para llegar al
fin del conflicto es necesario solucionar el problema histórico de la tierra y
el territorio. Es inaplazable la formulación de figura jurídica y política que
garantice el territorio y la territorialidad para el campesinado como base para
una genuina política de reforma agraria integral. Es crucial una reforma
tributaria que grave con impuestos altos a los grandes propietarios de la
tierra. Consideramos que las Zonas de Reserva Campesina son una ganancia del
movimiento campesino colombiano, consideramos fundamental defenderlas como
instrumento de la lucha de las comunidades rurales. También creemos que es
necesario generar otras figuras que solucionen los problemas del campo
abarcando todo el territorio nacional y atacando la gran propiedad
terrateniente para buscar una genuina redistribución de la tierra y la
pervivencia en el territorio. Por lo anterior, no compartimos la sustracción de
Zonas de Reserva Forestal para instaurar Zonas de Reserva Campesina. Es
necesario seguir buscando el reconocimiento, ampliación y saneamiento de
resguardos indígenas y territorios colectivos afro.
Seguiremos luchando por la
suspensión de las concesiones de territorios a empresas transnacionales.
Seguiremos expulsando a esas compañías de nuestras regiones. Buscaremos derogar
las normas que legalizan el despojo y que amenazan la vida y la permanencia
en los territorios. La minería a cielo abierto debe ser erradicada en su
totalidad. Nos oponemos a toda forma de extranjerización de la tierra y cesión
de baldíos de la nación a grandes inversionistas.
Rechazamos la posible aprobación del derecho de superficie, el vuelo forestal y
demás formas de privatización soterrada de la tierra y el territorio. Es
necesario reformar el régimen de licencias ambientales con el fin de generar
mecanismos jurídicos efectivos que protejan los ecosistemas. Las comunidades
delimitaremos Zonas de Biodiversidad para proteger los territorios.
Proponemos una ley marco de
hidrocarburos que reivindique elementos de soberanía nacional y redistribución de la renta petrolea y gasífera.
Buscaremos que Ecopetrol vuelva a ser una empresa completamente pública y
buscaremos instituir una empresa nacional minera pública. De igual manera
defendemos el carácter público de los demás bienes comunes de carácter
estratégico para la nación. Es necesario generar una política de pago de la
deuda ambiental generada por la extracción de recursos.
Buscamos una cultura de la vida
que propague una nueva ética de sobrevivencia y de convivencia, y que libere la
re-creación de la sociedad. En ese gran propósito, será necesario consolidar un
movimiento cultural que involucre el conjunto de acciones que promuevan la
cultura de la vida, desde la educación, las comunicaciones, el arte, el deporte
y la recreación.
Asumimos el compromiso de
establecer y fortalecer los lazos con los pueblos hermanos de nuestra América y
especialmente con movimientos sociales y populares que encaminan sus luchas por
la autodeterminación, la soberanía y la construcción de la patria grande. Hablamos
de CLOC-vía campesina, Frente Darío Santillán, Coordinadora de Movimientos
Populares de América (COMPA), Movimiento de los Sin Tierra y otros. Buscaremos
interlocución ante UNASUR, MERCOSUR, CELAC Y ALBA en camino de lograr
acompañamiento efectivo para el proceso de paz en Colombia y para presentar
nuestra agenda de país para la vida digna.
Finalmente, como Congreso para la
paz planteamos que vivimos hoy una crisis humanitaria en nuestros territorios,
como consecuencia de las lógicas extractivitas, represivas y excluyentes que el
actual régimen ha establecido durante décadas,
y que se agudiza por la existencia del conflicto armado. Esta crisis se
manifiesta, entre otras, en la militarización de los territorios indígenas,
campesinos, afro- descendientes, y urbanos; en la sistemática violación a los
derechos humanos y las infracciones al DIH; en la precariedad de la población carcelaria y en especial de los y las detenidas políticas que por su estado de sujeción se ven excluidos
de todos sus derechos; en la criminalización de los sectores rurales; en la sistemática violencia sexual ejercida contra las
mujeres y niñas, hombres y niños que genera no solo afecciones individuales
sino afecciones colectivas que generan rupturas del tejido social y familiar.
En consecuencia, la construcción
de esta agenda social el Congreso para la paz ratifica y propone como
escenarios para la acción política:
1. Configurar espacios regionales
y locales de diálogo (insurgencia, Gobierno, comunidades) para solucionar la
crisis.
2. Promover y establecer una
comisión de la verdad para esclarecer los crímenes, los beneficiarios y los
autores intelectuales de la crisis humanitaria al tiempo que avanzamos en la
exigencia de la libertad inmediata para lxs luchadores detenidxs (presas y
presos políticos) arbitrariamente y le exigimos tanto al Estado como a las
insurgencias el cese bilateral al fuego.
3. La Ruta Social Común para la
Paz, en la que seguiremos participando de manera más activa y aunaremos
esfuerzos para vincular otras organizaciones sociales y políticas que le
apuestan hoy a la Paz. Es necesario que la tomemos como propia y definamos más
claramente la participación de todas las regiones en ella. Además de ello
debemos jalonar desde allí la construcción de una agenda de paz conjunta para
el país, que contemple iniciativas como las constituyentes por la paz.
4. La construcción de un espacio
multilateral de dialogo, donde juegue nuestra visión de paz, permita la
participación directa y decisoria de sectores populares, sociales y
democráticos. Lo nuevo de este escenario es que participaran los excluidos, los
sin voz.
5. La construcción del movimiento
social por la paz persiguiendo una gran confluencia democrática y popular por
la paz y los cambios. En este propósito no partimos de cero, ya tenemos unos
acumulados en cuanto a movilización y encuentro con otros, requerimos que se
escuchen muchas más voces. Debemos retomar las experiencias que diversas
comunidades han venido construyendo en la conformación de territorios de paz.
Estos serían escenarios idóneos para desarrollar propuestas de diálogos
regionales.
Dicho movimiento debe reunir a los
diversos sectores sociales y políticos que coincidan en la necesidad de
impulsar la movilización por una agenda social de paz y la pertinencia de la
participación de los sectores populares en los procesos de paz. La unidad debe
entenderse como principio permanente de ampliación de la agenda política del
movimiento social por la paz y como la acción conjunta de diversas expresiones
políticas y sociales. Este debe ser ante todo un agente de impulso de una
agenda política por la superación del conflicto social y armado y por la
erradicación de las condiciones que lo hacen posible. Por esa razón el
movimiento por la paz cristaliza sus propósitos en la acción política y la
movilización por una sociedad con justicia social y vida digna.
CONGRESO PARA LA PAZ
PUEBLOS CONSTRUYENDO PAZ PARA LA
VIDA DIGNA
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