Judicial |7 Sep 2013 - 9:00 pm
El fallo se produjo el jueves pasado
Coletazos del paramilitarismo en Antioquia
El Tribunal Superior de Medellín señaló que el expresidente Álvaro Uribe tiene la obligación de responder por sus presuntas alianzas con autodefensas en la región.
Por: Elespectador.com
Un histórico
fallo del Tribunal Superior de Medellín que excluyó del programa de
Justicia y Paz a siete paramilitares que pertenecían al bloque Cacique
Nutibara, no ha dejado de recordar fantasmas que por décadas han
perseguido a políticos, empresarios y oficiales militares. En esta
oportunidad los magistrados señalaron directamente al expresidente
Álvaro Uribe Vélez de participar “en la promoción, organización y apoyo a
grupos paramilitares y asociaciones Convivir ligadas a ellos
directamente, por acción y omisión y concertarse con ellos, no sólo como
gobernador de Antioquia, sino después como presidente”, compulsando
copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para
que se investiguen los hechos.
La decisión firmada por los
magistrados Rubén Darío Pinilla y María Consuelo Rincón —el tercero de
ellos, Juan Guillermo Cárdenas, hizo salvamento de voto— reconstruyó el
pasado de sangre de un bloque paramilitar que horrorizó el Urabá
antioqueño y acabó con la vida de líderes de izquierda y el último
rastro de las milicias urbanas en Medellín bajo el mando del exjefe
‘para’ y narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don
Berna. Igualmente, el alto tribunal hizo un recorrido histórico sobre la
aparición de las autodefensas en Antioquia a través de las Convivir y
sus relaciones con el Estado, principalmente con la Fuerza Pública, que
según registran los expedientes, comenzaron en 1983.
Para los
magistrados del Tribunal de Medellín, las declaraciones de Don Berna y
otros comandantes como Pablo Hernán Sierra, más conocido como Alberto
Sierra, jefe del bloque Cacique Pipintá, resultaron determinantes y
evidencian la supuesta relación del expresidente Uribe con el auge de
las autodefensas en la región. Según establece la sentencia, durante la
gobernación de Uribe entre 1995 y 1997, el secretario de Gobierno de la
época, Pedro Juan Moreno Villa, desarrolló el proyecto Cooperativa de
Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom) “como un laboratorio del
paramilitarismo”, ya que creó un ejército particular de 400
desmovilizados.
Moreno Villa habría sino uno de los líderes que
orientaban las políticas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá y con el proyecto logró impulsar las Convivir, que prácticamente
fueron el detonante que catapultó el paramilitarismo. El otro conocido
problema al que hace referencia el Tribunal de Medellín es el capítulo
de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez y que,
al parecer, se convirtió en el campamento de la Convivir El Cóndor,
conocido como el primer grupo de autodefensas del oriente antioqueño y,
al parecer, comandadas por el hermano del exprimer mandatario, Santiago
Uribe.
El siguiente capítulo que revelaría los supuestos nexos de
Álvaro Uribe con los paramilitares es la relación con el pacificador de
Urabá, el general (r) Rito Alejo del Río, condenado en 2012 a 25 años de
prisión por colaborar con grupos ilegales y el crimen del líder
chocoano Marino López perpetrado en febrero de 1997. De Rito Alejo se ha
dicho que entregó a las autodefensas el control absoluto del Urabá para
que estos acabaran con las guerrillas que azotaban constantemente a
bananeros, ganaderos y mineros.
Los magistrados señalaron que el
expresidente estaría detrás de la Operación Orión, una alianza criminal
entre el Ejercito, los ‘paras’ de Don Berna y sicarios de la Oficina de
Envigado que también dirigía el comandante paramilitar, que a sangre y
fuego se tomaron las laderas de la Comuna 13 de Medellín en octubre de
2002. Se presume que cientos de personas fueron asesinadas y
desaparecidas, al punto que a Don Berna lo investigan por 67 casos de
desaparición forzada por estos hechos. Asimismo, otro de los señalados
de ser uno de los responsables fue el excomandante del Ejército, general
(r) Mario Montoya.
El Tribunal de Medellín no se quedó corto en
decir que la Fiscalía ha sido una de los responsables de que muchos de
estos casos sigan en la impunidad y por esa razón compulsó copias para
que se investigue a la exfiscal general Viviane Morales Hoyos
y 13 funcionarios más por el delito de prevaricato por omisión en el
proceso que se adelantó contra el general (r) Montoya y el polémico y
destituido general (r) Leonardo Gallego Castrillón, por las graves
violaciones de derechos humanos de las que habrían sido gestores.
Igualmente, los magistrados habrían ordenado recientemente iniciar
investigaciones contra el general Alejandro Navas por su presunta
responsabilidad en la masacre de La Horqueta, ocurrida en La Mesa
(Cundinamarca) el 21 de noviembre de 1997 y en la que murieron 14
personas.
El trascendental fallo del alto tribunal también ordenó
que se compulsaran copias para que se investigara a reconocidos
oficiales de policía y políticos antioqueños que, al parecer, se
confabularon con las autodefensas para aterrorizar la región. Los
magistrados de Justicia y Paz ordenaron investigar a los generales (r)
Óscar Botero Restrepo, Carlos Alberto Ospina, Martín Orlando Carreño
(fallecido en un accidente en 2007) e Iván Ramírez; al teniente coronel
John Jairo Cardona Chaparro y al coronel Germán Morantes Hernández, para
determinar si “promovieron, organizaron y apoyaron a los grupos
paramilitares”.
Otro de los llamados a ser investigados fue Luis
Pérez Gutiérrez, exalcalde de Medellín entre 2001 y 2004, por “concierto
para delinquir con grupos armados ilegales en las elecciones de 2007 y
2011 y los delitos electorales cometidos por éstos”. También se habló
del expresidente Ernesto Samper, pero dijeron que aún no existen
elementos de prueba que lo vinculen directamente con la expansión de
grupos paramilitares, pero que es menester de las autoridades ahondar en
las investigaciones. Esta se convirtió en la primera vez que la
justicia antioqueña realiza serios señalamientos a Uribe, que en varias
oportunidades ha dicho que este tipo de situaciones sucedieron a sus
espaldas. Sin embargo, los magistrados indicaron que “no es posible
estar dentro de una piscina y no mojarse”, como alguna vez lo señaló
este diario.
Los postulados excluidos de Justicia y Paz
Dentro
de todas las órdenes que impartió el Tribunal Superior de Medellín en
su histórico fallo, que relata paso a paso la expansión del
paramilitarismo en Antioquia y sus relaciones con las más altas esferas
políticas y altos mandos oficiales, la decisión central de la sentencia
estaba centrada en la exclusión de siete postulados de Justicia y Paz.
Se
trataba de Ediberto Cañas Chavariaga, alias Bertico; Néstor Cardona,
alias Alpinito ; Juan Fernando Ocampo, alias El Aguacate; Mauricio
Opina, alias Rolo, y Wander Ley Viasus. El fallo de los magistrados del
tribunal señaló que la desmovilización del bloque Cacique Nutibara —al
cual pertenecían los siete exparamilitares— “no sólo fue aparente y
ficticia, sino que no cumplió con los requisitos consagrados en la Ley
de Justicia y Paz. Por lo tanto, como los postulados no se
desmovilizaron con ese bloque de manera colectiva, deben ser excluidos
de dicho proceso”, lo que les impediría obtener los beneficios legales y
penas alternativas de ocho años.
No hay comentarios:
Publicar un comentario