Ministerio de Exteriores = Instituto Nacional de EMpleo

Plan de empleo perverso

Hemos tenido conocimiento por la prensa que el Ministerio de Exteriores a través de su máxima representante la Sra. Trinidad Jiménez, formando parte de la lucha contra el paro del ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha decidido ir adjudicando puestos a españoles desempleados de difícil colocación en el exterior.

Este es el caso del Juez Baltasar Garzón a quien, tras la suspensión de sus funciones de la Audiencia Nacional, el gobierno español ha adoptado como parado ejemplar y le busca colocación en todos los lugares posibles.

Esta ardua tarea comenzó con la búsqueda de un puesto en el TPI donde, después de mucho insistir, fue colocado temporalmente. Tras este paso por tan alta instancia, el juez Baltasar Garzón parece que vuelve a encontrarse en paro (al igual que millones de españoles) y el gobierno de Rodríguez Zapatero vuelve a tener el problema de dónde colocarlo.

Para estos casos los gobiernos piden ayuda a los “amigos”. Todos/todas sabemos de las buenas relaciones que los diferentes gobiernos de España han mantenido con los gobiernos colombianos en los últimos años tanto con el de Álvaro Uribe Vélez como con el actual de Juan Manuel Santos. Estas “fructíferas” relaciones han llevado a que el gobierno español perdone, niegue e incluso justifique muchos de los Crímenes contra la humanidad y las violaciones de Derechos Humanos  que se han cometido en Colombia en los últimos tiempos.

Este tipo de maniobras no son nuevas, siempre que un alto cargo se ve acusado por delitos importantes los estados buscan una “huida” hacia el exterior con el fin de proteger a dicha persona. En el caso Colombiano los ejemplos son múltiples: Carlos Arturo Marulanda quien fue embajador en Bélgica, el General Montoya quien fue embajador en la República Dominicana…

Pero en esta ocasión el plan de empleo es todavía más perverso.

Recordemos que el Sr. Garzón tiene tres causas abiertas en el Supremo por diferentes motivos:

      Por su no competencia en el tema de la memoria histórica (caso más publicitado)

      La de la posible prevaricación con cobros en Nueva York

      Y la de las escuchas ilegales en el caso Gürtel.

Y que nada en su historia laboral lo acredita como defensor de los derechos humanos más allá de su actuación como juez.

No se trata de culpar al Sr. Garzón antes de juzgarlo pero es obvio que no es el tipo de juez que debe ir a un país como Colombia a trabajar de manera limpia y clara los DDHH. La sombra que se cierne sobre él cuestiona su credibilidad en este momento.

Por si esta noticia nos parece poco chocante, la sorpresa aumenta al comprobar que la intención es pagar sus honorarios a través de la Agencia Española de Cooperación, ¡Con dinero de la Solidaridad!.

Es cierto que en los últimos años la cooperación española nos ha sorprendido con actuaciones vergonzosas como la que pudimos ver en el caso de pagos por los “falsos positivos”[1], pero este nuevo paso pretende ahondar más en esa lógica.

Además, mientras las ONG en España tenemos problemas terribles para conseguir que se nos aprueben proyectos encaminados a que las víctimas de crímenes de estado tengan acceso a la Verdad, Justicia y Reparación; se intenta desde el gobierno vendernos al Sr. Garzón como el máximo luchador por esos principios.

Su pelea en este terreno nace abortada. Si el puesto de trabajo del Sr. Garzón pasa por el permiso del Gobierno de Juan Manuel Santos para realizarlo, es obvio que su labor será controlada. No podemos olvidar que Juan Manuel Santos fue ministro de defensa durante los tiempos más oscuros del gobierno Uribe y que con él en el puesto, se llevaron a cabo cientos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos, etc, etc

Esta maniobra pretende reforzar la política que el estado español ha desarrollado en los últimos tiempos en Colombia. Busca seguir lavándole la cara al estado colombiano  apoyando una salida al conflicto interno que renuncie a los principios más elementales para las víctimas quienes tienen derecho a conocer la Verdad, a ejercer su derecho a la Justicia y a recibir una Reparación adecuada por todos los daños sufridos; con el fin de conseguir que crímenes tan horrendos como los cometidos en Colombia no se vuelvan a repetir.

Si finalmente, y muy a pesar nuestro, el Ministerio de Asuntos Exteriores se convierte en una rama del INEM, nos gustaría que su actuación fuera más transparente y democrática y que este tipo de puestos fueran ofertados en las oficinas del INEM de toda España y no otorgados por amiguismos o servicios prestados.

Si no es así y el Ministerio de Exteriores desea tratar temas de importancia para el país, con el gobierno colombiano, no estaría de más que pidiera explicaciones sobre la Operación Europa, así todos podríamos ¡al fin! saber quiénes espiaron ilegalmente en España y en Europa a ciudadanos colombianos, españoles y europeos. Tal vez de esta manera se pueda llevar a los responsables ante la justicia y contribuir a disminuir los altísimos índices de impunidad existentes en Colombia.

Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos, COLICHE

[1] Se conocen como falsos positivos las ejecuciones extrajudiciales en que el ejército asesinaba a personas indefensos para presentarlas como caídas en combate.

Según documentación encontrada las bonificaciones por estos hechos se podrían haber pagado con dinero de la cooperación internacional. http://www.publico.es/internacional/180598/uribe-financio-su-guerra-sucia-con-fondos-de-cooperacion-internacional

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